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Locales - 01/03/2018
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Luego de los allanamientos, ATILRA realiza una Asamblea Nacional
La comunidad de Sunchales se vio sacudida en la mañana de este miércoles por los allanamientos que llevó a cabo Policía Federal en distintas instalaciones que el sindicato de los trabajadores lecheros tiene en Sunchales. Las diligencias judiciales podrían estar emparentadas con una causa penal por presuntas irregularidades en la obra social que se inició a fines del año pasado. Sin embargo, ATILRA considera que el accionar judicial está relacionado con el ataque que sufren los gremios por parte del gobierno nacional y en la tarde de este jueves, más de 1500 trabajadores de las distintas seccionales y delegaciones del país, decidirán las acciones a seguir.
A media mañana de este miércoles se conoció la información que revolucionaría la calma sunchalense. Policías indentificados con indumentaria y vehículos de la División Especial de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina irrumpieron en el CET, el Supermercado, la Clínica y la sede de ATILRA en busca de información, secuestrando material informático en algunas dependencias, desconociéndose si los procedimientos que abarcó también algunas viviendas, entre ellas la del secretario general Héctor Ponce, y las oficinas en ciudad de Buenos Aires, arrojaron resultados positivos.

A partir de ahí, los rumores arreciaron en la ciudad y traspasaron las fronteras urbanas. Se tejieron innumerables versiones y los audios viajaron a la velocidad del sonido por el whatsapp. En un primer momento, todos coincidían con el embate que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, lleva adelante con los sindicatos. Pero después surgió una versión que tomó mucho asidero en algunos medios donde un familiar del secretario general Héctor Ponce estaría involucrado.

Extraoficialmente, fuentes vinculadas al sindicato informaron que, a partir de una denuncia anónima donde trascendían irregularidades en la administración, un juez de CABA, solicitó los allanamientos. Y aunque la fuente no negó la posibilidad de que pudiera ser un familiar de "Etín", calificó la versión de descabellada, teniendo en cuenta de que tiene un cargo importante en la Clínica y que podría ser objeto de la investigación.

Sin embargo, el noticiero vespertino de A24 se hizo eco de los más de 10 procedimientos policiales que se realizaron, explicando que fueron requeridos por el Dr. Luis Rodríguez, titular del Juzgado Federal Nº 9, por una causa penal en donde interviene el fiscal Eduardo Taiana, que se inició a fines del año pasado relacionada con presuntas irregularidades en la obra social por la compra de prótesis médicas y cirugías de by pass gástrico.

Lo cierto es que, en algunos casos, los allanamientos fueron un bochorno e hicieron mella en la imagen de ATILRA. Tanto en el supermercado o la clínica, a esa hora había una nutrida cantidad de clientes o pacientes que se vieron sorprendidos por los agentes de la PFA que pasaron a controlar los accesos de los edificios, invitándolos a retirarse del lugar. E incluso los propios empleados debieron paralizar sus actividades en medio del desconcierto.

Si bien el sindicato no ha emitido ningún comunicado, la Asamblea Nacional programada para este jueves 1 de marzo, a partir de las 19:00, en el CET Atilra, donde se espera la participación de 1500 afiliados, habla por sí sola. ATILRA considera que es víctima de la campaña de desprestigio y hostigamiento judicial que encabeza el Presidente de la Nación contra los gremios. Ponce lo habría manifestado el fin de semana en un programa radial cuando esgrimió la palabra persecución: “Las persecuciones y amenazas de las que somos víctimas, son hechos lastimosos. Si un sector se ha manifestado abiertamente para desestabilizarme, debo hacerme eco y prepararme para recibir ese embate, que no será justo ni democrático” afirmó. "Etín" también se refería a algunas agrupaciones empresarias, como la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), que apuntó directamente a ATILRA como el gran culpable de la crisis que atraviesa el sector.

Da la sensación de que los allanamientos realizados este miércoles han sido la gota que rebasó el vaso y los trabajadores estarían dispuestos a llevar adelante acciones para detener esta campaña que, según su postura, persigue un objetivo económico: ser la variable de ajuste en los costos industriales. En la noche del jueves, esa incógnita quedará develada.

Fuente: El Eco Sunchales

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