Mariel Gabur, ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, buscó tranquilizar a la gente. “No creo en absoluto que los precios se vayan para arriba”, afirmó. Explicó que en el mercado de la yerba mate “hay un precio que la mayoría está pagando, un precio estable”. “Se está dando muy bien (la actividad) durante estos últimos tiempos, la verdad que yo no espero una suba”, expresó.

Gabur, que también es miembro del directorio del INYM, habló de una campaña de miedo por parte de algunos sectores, que pronosticaban que el kilo de yerba costaría 6.000 pesos en los supermercados a partir de la desregulación. Además, restó importancia a los precios que establecía el Instituto. “Si pusiera un valor, siempre es lo mínimo que se puede pagar. Es decir que por abajo de eso no puede pagar, pero por arriba puede pagar todo lo que quiera. Es lo que ocurre”, afirmó.

En tanto, un cooperativista sostuvo: “No creo que el precio se dispare. Hoy día los industriales tienen la posibilidad de pisar el precio que se le paga al productor y con eso mantener el precio a la salida de molino”. El precio de un paquete de un kilo de yerba en el camión ronda los 2.200 pesos. “Con esos montos podrían pagar 450 pesos por la materia prima sin sacrificar la rentabilidad”, explicó.

En diciembre pasado, apenas asumió, el presidente Javier Milei firmó el decreto 70/2023 que, entre otras cosas, le quitó al INYM la facultad de fijar los valores de referencia, dejando en una situación de indefensión a más de 10.000 pequeños productores yerbateros de Misiones.

Hoy día existen más de 210.000 hectáreas con yerba mate en Misiones y Corrientes y algunos analistas estiman que en uno o dos años habrá una sobreproducción.

Tras el fracaso de la sesión de precios, en marzo pasado, los representantes de los chacareros ante el INYM insisten en que es necesario remitir los antecedentes a la Secretaría de Agricultura para que se emita el laudo correspondiente, pero otros señalan que la sesión de precios nunca pudo ser abierta por la ausencia de los directores que representan a la industria y a Corrientes.

“No se puede mandar a laudo porque no hubo desacuerdo entre las partes”, admitió uno de los miembros del directorio. “Esa instancia se abre cuando no hay unanimidad para fijar los precios. Acá no pudimos llegar a esa instancia por el faltazo de esta gente”, explicó.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Alberto Pazo, estuvo en Misiones en febrero pasado y en un encuentro con representantes de la cadena productiva aclaró que el decreto recién entraría en vigencia cuando se conociera la reglamentación. Y que hasta entonces el Instituto mantenía sus facultades para fijar precios, algo que ahora los industriales y Corrientes desconocen.